Unas 300 personas fueron detenidas por motivos políticos acusadas de haber intentado poner en peligro por la fuerza de las armas la integridad territorial de Yugoslavia. Más de 130 personas _entre ellas más de 90 de etnia albanesa, todos hombres, y 45 musulmanes eslavos, también hombres_ fueron declarados culpables en juicios que infringieron las garantías internacionales de justicia procesal. Amnistía Internacional consideró que algunos eran presos de conciencia, como también lo fueron los objetores de conciencia al servicio militar. En noviembre dio comienzo un juicio en el que por vez primera se procesaba a un acusado de crímenes de guerra ocurridos en Bosnia-Herzegovina. La policía torturó o infligió malos tratos a más de 2.500 personas casi exclusivamente en razón de su identidad étnica. La mayoría de las víctimas eran de etnia albanesa y residían en la provincia de Kosovo, aunque también se registraron muchos casos entre musulmanes de la región de Sandzak. También hubo casos de malos tratos y tortura infligidos por la policía a serbios y montenegrinos. Cinco hombres, cuatro de ellos de etnia albanesa, murieron tras recibir malos tratos a manos de la policía mientras se encontraban bajo custodia, y otras diez personas murieron por disparos de la policía, algunos en circunstancias controvertidas. Al menos cuatro hombres fueron condenados a muerte por asesinato.
